Los empresarios de Trujillo acusados de fraude a la Seguridad Social llegan a un acuerdo y evitan la cárcel

Este acuerdo se ha alcanzado con la Seguridad Social, que fue quien interpuso la denuncia, y con la Fiscalía, que pedía para los dos hermanos cuatro años de prisión, una multa de 916.390 euros y el pago de los 458.105 euros que dejaron de abonar.

Emilio Cortés, abogado de los dos empresarios, detalló que tendrán que regresar a los juzgados el próximo 12 de junio para cerrar por completo el acuerdo, aunque "prácticamente" está hecho. Entre los detalles que quedan por concretar está la fijación del dinero exacto que tendrán que abonar sus clientes.

Según ha podido saber este diario, había además otros cinco investigados. En este caso, no estaban acusados por la Fiscalía, sino por la Seguridad Social. Y no era por un delito de fraude, sino por uno de frustración en la ejecución, contemplado en el artículo 257 del Código Penal.

Durante la vista previa de este martes se retiraron las acusaciones de este último delito. El delito de fraude a la Seguridad Social del que se acusa a los dos hermanos está contemplado, por su parte, en el artículo 307 del Código Penal.

Según el escrito de acusaciones de Fiscalía, los dos hermanos habrían cometido este delito como «administradores de hecho» de las empresas de Trujillo Hotel Las Cigüeñas SL, Bodegas Las Granadas SL y Bodas Eventos Gourmet.

Según el relato de Fiscalía, estos dos hermanos «urdieron un plan directamente encaminado a eludir sus obligaciones con la Seguridad Social», como administradores en la práctica de esas tres empresas familiares que habían constituido junto a sus padres, ya fallecidos. El impago de las cuotas se produjo en varias anualidades entre 2013 y 2019.

El escrito de Fiscalía agrega además que, pese a la apariencia formal de ser independientes entre sí, estas tres sociedades han venido funcionando en la práctica como un grupo empresarial. Señala además que han venido desarrollando principalmente la actividad relacionada con la hostelería y eventos «indistintamente en los locales que regentaban, compartiendo sede social y centro de trabajo».

Según la Fiscalía, los hermanos urdieron un plan para dificultar el cobro de la deuda contraída y mantener «indefinidamente» la situación de impago.

Una de las cosas que hicieron, según la Fiscalía, fue convertir el consejo de administración en órganos unipersonales, nombrando como administradores únicos a personas que, o no participaban en la administración de las empresas, o no tenían bienes a su nombre, con la intención de evitar que la Seguridad Social reclamara la deuda a los verdaderos responsables.